Hoy se cumplen 30 años del retorno a la democracia en nuestro país. Se hacía realidad el fin de la larga noche que significaron las interrupciones del orden democrático a manos de oscuras dictaduras. La marca en el calendario nos obliga a ensayar una especie de balance, arbitrario desde ya, de lo que fueron estos años de reconstrucción democrática en nuestro país.
En diciembre de 1983 asumía el
primer gobierno democrático desde el golpe de Estado comandado por Videla en el
año 1976. Con sus pros y sus contras, aquella primera experiencia del
radicalismo fue de sustancial importancia en la consolidación de ciertas
cuestiones que hoy calan hondo en la realidad democrática de nuestro país. Con
una consistencia ostensiblemente endeble pero con el apoyo de la efervescencia
popular producto del retorno democrático, el gobierno radical intentó encarar un juzgamiento de los
responsables del genocidio a través del “Juicio a las Juntas”, la conformación
de la CONADEP y el Nunca Más como corolario de estas políticas de memoria que
apuntaban hacia un horizonte de justicia y de castigo para los culpables. No
podemos dejar de mencionar que la debilidad propia del nuevo gobierno y, sobre todo, la amenaza permanente de un
nuevo golpe de Estado, hicieron que la discusión se planteara, erróneamente,
desde la “teoría de los dos demonios” (bastará con leer el prólogo de Sábato al
Nunca Mas) cometiendo el error de poner al mismo nivel los crímenes cometidos
por civiles y por los militares al mando del Estado (supuesto garante de los
derechos civiles). Digamos que esta tensión no le quita mérito al esfuerzo de
la clase política y la sociedad civil de revisar su pasado y de consolidar una
democracia sobre bases algo más sólidas. Los fantasmas del levantamiento Carapintada y las felices pascuas
terminaron por herir parte de lo conseguido dado que la extorsión resultó en
las leyes de obediencia debida y punto final que exoneraban a gran parte de los
responsables de la masacre. La historia es conocida, un golpe de mercado,
hiperinflación, ola de saqueos y el descontrol reinante hicieron que el primer
presidente electo desde el retorno de la democracia entregara con anticipación
su mandato al presidente electo Carlos Menem.
Con la llegada de Menem, llegó de
la mano el recetario ortodoxo y neoliberal que terminó por hambrear a nuestro
país. Con un discurso vacío de contenido, pobre y chabacán se conquistó a
ciertos sectores de la opinión pública que vivieron los beneficios de corto
plazo que significaron el remate de los principales activos del Estado, pero
sin advertir que tamañas decisiones no hacían otra cosa que ir en detrimento
de los intereses populares y a favor del capital financiero que llego, vía
consenso de Washington, para quedarse por estas pampas.
La reacción popular no se hizo
esperar, los obreros mejores pagos del país, empleados y ex-empleados de la
rematada YPF comenzaron sus reclamos a la vera de la ruta con los primeros
piquetes y puebladas en Cutral-Có, Plaza Huincul y Mosconi. Casi como
anticipando una forma de resistencia ante la desidia generalizada y al despojo
al que estaba siendo sometida gran parte de la sociedad. Ya vimos como aquella
segunda mitad de la década del 90´ presuponía el estallido social que se hizo
carne en aquellas jornadas del 2001 en que el pueblo salió a las calles harto
de una representación endeble y poco comprometida con el sentir popular.
La experiencia Aliancista vino a
continuar la debacle menemista y a querer mantener a sangre y fuego políticas y
decisiones contrarias a la voluntad popular. El estallido no se hizo esperar,
la dignidad siempre se impone, la sociedad en pleno, junto a organizaciones de
todo tipo, entre ellas las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, fueron a
reclamar el espacio que les pertenece por vocación histórica y dignidad, al
igual que el resto de la sociedad civil recibió palos y balas, el saldo: el fin
del mandato de la Alianza y la lamentable cifra de 33 muertes por las que nadie
se responsabilizó.
La recomposición del sistema
democrático, dañado profundamente tras los eventos de 2001, no se consolidó
desde una alternativa popular que fuera resultado del famoso “Que se vayan
todos”, por el contrario, fue el propio PJ encabezado por Duahlde quien se
presentó como garante de un statuquo que, a la vista de cualquier chicato, era endeble: precarización
laboral, desempleo, hambre, represión de la protesta social, endeudamiento
insostenible, cierre de fabricas, fin de la representación política. El fin del
interinato duahaldista se produjo aquel 26 de junio tras la bochornosa masacre
del puente Pueyrredon cuando la policía, al mando del comisario Franchiotti,
mató a sangre fría a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.
Desde el 2003 a la fecha el país
ha vivido un proceso de relativa paz social y de indudable reconstrucción de
los canales democráticos de resolución de conflictos. El Estado ha tomado su
rol protagónico en lo que respecta a las decisiones de índole política,
económico y social. Recuperó para sí ciertas herramientas que habían sido
entregadas entre las que podemos nombrar la recuperación de los fondos de
previsión que permitió consolidar la Asignación Universal por Hijo y la
actualización de las jubilaciones de forma periódica, se consolidó un proceso
de desendeudamiento con los organismos de crédito internacionales que permitió
recuperar cierta soberanía a la hora de tomar decisiones, se recuperó la
mayoría accionaria de YPF y se consolidó una política de Memoria que hizo que
las banderas de “memoria, verdad y justicia” se hicieran más consistentes. Las
deudas son por demás importantes, el discurso de no represión de la protesta
social es una bandera para el Kirchnerismo, pero ya tenemos sobrados ejemplos
de policías provinciales que se cagaron en esa decisión del estado Nacional,
por nombrar algunas: El caso Fuentealba, la desaparición de Jorge Julio López y
Luciano Arruga. Todos casos que desnudaron resabios de prácticas
antidemocráticas que lamentablemente aún son realidad en Argentina.
Sabemos que el mayor mérito de la
democracia es su existencia, pero ello no garantiza que con ella se coma, se cure y se eduque, hay que arroparla
a diario, darle sentido y dotarla de herramientas para que la resolución de los
conflictos encuentre su caudal democrático. En la última década hemos entendido
que la Democracia es conflicto, y no renegamos de eso, sabemos que hay fuerzas
que a diario atentan contra su salud, la sociedad debe estar lo suficientemente
madura para no confundirse y garantizar el orden democrático a como de lugar.
Creemos que los sucesos que están
ocurriendo en algunas provincias son de una irresponsabilidad asombrosa y que
atentan directamente contra las bases de una democracia joven y en constante
consolidación. Qué quede claro, acá no discutimos el derecho de las fuerzas a
reclamar por lo que se crea justo en términos salariales y laborales, lo que no
aceptamos es la extorsión. Estos hechos
no hacen más que desnudar el fracaso que significa no poder haber terminado con
el autogobierno de estas camarillas que, en gran proporción, son garantes del
delito, el narcotráfico y el caos social. Estas actitudes extorsivas e ilegales
no pueden permitirse bajo el Estado de Derecho, haríamos bien en recordar aquel
discurso de Esteban Righi el 4 de junio de 1973 a la policía federal en el que,
como Ministro del Interior de Cámpora, les decía a las fuerzas que el pueblo ya
no era el enemigo sino el gran protagonista (http://reportaje-hector.blogspot.com.ar/2011/12/la-primavera-camporista-discurso-del.html)(http://www.radionacional.gob.ar/entrevistas/51421-se-cumplen-40-anos-del-discurso-de-esteban-righi-frente-a-la-policia-federal.html).
El Kirchnerismo tiene la obligación, por estatura política, de crear las
condiciones para terminar con el autogobierno de las policías y virar hacia la
consolidación del control político sobre las fuerzas policiales.
Sabemos que las nuevas formas de
desestabilización no provienen a través de los tradicionales golpes de Estado,
la nueva realidad indica que las desestabilizaciones se provocan a través de
golpes suaves que arraigan en una variedad de arremetidas financieras, mediáticas
y de las fuerzas de seguridad, bastará con recordar las tensiones vividas en
Ecuador hace un par de años a partir del autoacuartelamiento de la policía que
tenía como intención final desoír el mandato popular y dejar fuera de juego a
Rafael Correa.
Apelamos, con preocupación, a la
responsabilidad de las fuerzas de seguridad, a las fuerzas políticas y a la
sociedad en su conjunto para no ser presa fácil de ciertos factores de poder
que nada piensan en los intereses populares, sino más bien en su propio interés.
La solución a las tensiones no pueden resolverse de manera violenta, la policía
no puede, bajo ningún punto de vista, dejar sin protección a la sociedad civil.
Ésta es una extorsión ante la que no cederemos y mucho menos, a 30 años de la
recuperación democrática.
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