“Llegamos los pibes chorros…”

Cada vez que se sucede un hecho delictivo a manos de un menor de edad, se vuelve a instalar en los medios masivos de comunicación social, la problemática de bajar la edad de imputabilidad de los menores. Del 100% de los casos delictivos, un 4% son protagonizados por menores. De allí que si los medios reproducen estos casos de manera masiva y le dan un carácter apocalíptico, la sensación será que estamos ante una eminente amenaza de delincuencia juvenil. Sorprende, en algunos casos la total despolitización de la cuestión, y la total desinformación con la que se habla. Nuevamente, como muchas veces se ha dicho en este blog, insistimos en el carácter formador de la opinión y de la propia subjetividad de los medios de comunicación de cara a la sociedad. La problemática abunda cuando se toma en cuenta que un gran porcentaje de la sociedad toma lo que los medios transmiten como una verdad absoluta y como la mera representación de la realidad. El tratamiento de los medios ante este tipo de casos tiende a despolitizar la cuestión obturando una visión parcial de los hechos. El acto de despolitizar una cuestión consiste en presentar un determinado hecho a partir de solo alguna de sus dimensiones sin tener una mirada abarcadora y totalizante. Cuando alguien nos dice “esto es así”, debemos de sospechar, ahí esta la despolitización de una cuestión, ahí esta la mirada sesgada que presenta un hecho como absoluto que no puede cambiarse ni siquiera discutirse. Presentar un hecho a partir de alguna de sus dimensiones es despolitizar, y los medios en este tipo de casos despolitizan la cuestión porque la discusión suele ser bajar la edad de imputabilidad o no.
Ahora bien, la problemática es estructural e histórica. Es estructural en el sentido teórico del término ya que debemos preguntarnos que lugar ocupan dentro de la estructura social tanto los menores de edad que delinquen como los mayores. Cual es su lugar dentro de la estructura productiva, entendiéndolo en el sentido marxista del término. Muchos de ellos se ubican en el estrato social mas bajo, que ha sufrido como nadie los embates de las políticas neoliberales quedando por fuera del sistema de inserción social. Es la gente a le que el sistema le niega su acceso a los medios de producción. El problema es histórico porque las condiciones sociales que los menores que delinquen sufren son consecuencia de políticas sociales deficientes de años anteriores. Entonces nadie se pregunta ¿Cuáles son las condiciones objetivas que llevan a que un chico de 14 años se convierta en un delincuente y pueda asesinar a alguien o salir a robar? Porque un chico no sale delincuente, son las condiciones sociales que el sufre desde su infancia las que lo convierten en ello. Gente que vive hacinada en villas miserias totalmente carenciadas, donde en algunos casos no llega el agua potable, donde no hay cloacas, donde no hay clubes sociales, donde no hay centros culturales, en fin donde el estado esta totalmente ausente. Entendido de esta manera, podemos reconstruir todo un entramado que permitan entender las condiciones sociales que llevan a que haya pibes de 14 años que salen a robar y que asesinan gente en algunos casos. Espero que no se malinterprete como una justificación de lo que sucede sino como un intento de reconstruir las condiciones que permiten que estas cosas se sucedan, que es algo que poco abunda. Porque la falta de educación, la falta de salud, la falta condiciones de vida digna traen con el tiempo situaciones sociales como la delincuencia juvenil.
Así visto el problema debe ser encarado desde dos perspectivas. Una cortó placista que actué sobre la situación actual y que permita sanear el problema presente, lo que sin duda es lo más difícil. Aun así la baja de la edad de imputabilidad no es garantía de nada, porque entre otras cosas la gran mayoría de los institutos de menores suelen ser deficientes, así como también el sistema penitenciario, que esta demostrado que no cumplen con su función de reinsertar socialmente a aquel que delinquió. Las políticas sociales deberán trabajar para poder ser mas eficientes en la reinserción social de aquellos que han delinquido, pero de nada servirán si las condiciones sociales de vida de quien sale de un instituto de menores o de las cárceles, siguen siendo las mismas. Esta última medida es de carácter largo placista y deberá apelar, entre otras cosas, a garantizar que dentro de 20 años las condiciones sociales sean radicalmente distintas y que eviten que estas situaciones se vuelvan a suceder. La educación, la salud, las políticas sociales son las grandes armas para combatir esta situación y evitar que se vuelvan a suceder de cara al futuro.
Ya no solo se instala la problemática de la edad de la imputabilidad de los menores, sino se pone sobre el tapete la discusión sobre la pena de muerte. Fue Michel Foucault quien en “Vigilar y castigar” nos planteó su tesis de que a partir de la modernidad y con la aparición de un sujeto racional, el hombre tiende a tratar de aferrarse a la razón y todo lo que ella no puede explicar, debe ser segregado negándole su existencia social. Así, los delincuentes, los locos, no son sujetos de la razón, están por fuera de ella y el sujeto de la razón no puede explicarlo, de allí surge la necesidad de segregar a aquella gente en instituciones especiales fuera de todo contacto con la sociedad “racional”. Surgen entonces los manicomios y las prisiones. La critica mas fuerte radica en que la sociedad misma no reconoce a esa gente como miembros de su misma sociedad, sino que son locos, enfermos o delincuentes que se han desviado, pero es la misma sociedad y sus condiciones objetivas las que gestan también a los delincuentes. La negación es una venda sobre los ojos que nos vela la mirada y no nos permite ver más allá. No nos permite ver que esos locos, esos delincuentes, son parte de nuestra sociedad y que debemos preguntarnos sobre que condiciones han generado este tipo de cosas. Nuestra luz será preguntarnos sobre como modificar esas condiciones sociales que segregan en vez de buscar la raíz del problema y así demandar soluciones.
No obstante, un apartado adicional demanda la problemática de la pena de muerte. En nuestro país podemos arriesgar a decir que dicha acción a adquirido nuevas modalidades, su desvió; el gatillo fácil. Esta acción es una realidad que se sucede hace ya varias décadas en nuestro territorio. Es el estado quien a través de la “maldita policía” ejerce de manera sistemática esta acción sobre la que poco hemos reflexionado. Desde 1983 a la fecha ha habido 3093 casos de gatillo fácil de los cuales mas de 1600 (mas de la mitad) se sucedieron durante los dos últimos periodos del gobierno Kirchnerista. Imposible olvidar casos como el de Carlos Fuentealba, los tres chicos asesinados en Bariloche en Junio ultimo a manos de la policía rionegrina, la represión en el norte de los aborígenes, los desalojos de Villa Soldati y el caso de Luciano Arruga quien sigue desaparecido, así como tantos otros. Un estado que abusa del uso legitimo de la violencia, no puede propugnarse aplicar la pena de muerte. Aun mas grave es que dicha demanda surja de sectores sociales cuya mirada sesgada tiende a segregar a sectores de la población cuya condición social es depravante. Llegara el día en que nuestra mirada sea mas abarcadora y podamos mirar todas las aristas de los conflictos sociales sin que nos impongan visiones hegemónicas que nos digan que pensar y como actuar, solo allí seremos una sociedad mas digna.

Por Augusto Constantin.