28/06/2010
A un año del golpe de Estado en Honduras: entre la represión y la resistencia popular.
El Presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, fue secuestrado por las Fuerzas Armadas de ese país el 28 de junio de 2009. Los golpistas nombraron inmediatamente como nuevo Presidente provisional al jefe del Congreso Roberto Micheletti. Aquí cabe aclarar que, a través de una carta difundida ayer desde su exilio en República Dominicana, el ex presidente constitucional Zelaya afirmó que el golpe de Estado había sido “…planificado en la base militar de Palmerola, por el Comando Sur de los Estados Unidos, y ejecutado torpemente por los hondureños”.
En el mes de noviembre pasado, el golpismo convocó a elecciones presidenciales sin ningún tipo de acuerdo político. Estas tuvieron una abstención de entre el 65% y el 70% de la población, y consagraron como Presidente al empresario conservador Porfirio Lobo. La “institucionalidad” y el sesgo “democrático” del gobierno de Lobo son inexistentes: la Corte Suprema convalidó el golpe de Estado, así como también lo hizo el Congreso que actualmente está controlado por organizaciones empresariales; el Poder Ejecutivo está controlado por las Fuerzas Armadas, ya que el gabinete de Lobo está conformado por personas que ejecutaron el golpe; desde la asunción de Lobo ha habido alrededor de 310 casos de violaciones de derechos humanos, mas de 53 detenciones ilegales y más de 20 asesinatos[1].
Pasado un año del golpe de Estado, en el país centroamericano se han cometido todo tipo de violaciones a los derechos humanos, que van desde la censura hasta la persecución y asesinato de periodistas, sindicalistas, dirigentes campesinos, maestros, homosexuales, activistas sociales y opositores políticos. Por otro lado se ha puesto de relieve el fenómeno del “femicidio”, en tanto actualmente en Honduras una mujer es asesinada cada 48 horas. En este marco la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional han manifestado una profunda preocupación por lo que viene sucediendo en Honduras.
A su vez a 12 meses del golpe militar hubo un saqueo compulsivo de los fondos estatales, con lo cual Honduras se encuentra sin reservas y el endeudamiento estatal registró el período más acelerado de la historia del país, ascendiendo a alrededor de 3,647.8 millones de dólares[2].
Si bien al comienzo el golpe militar fue condenado casi unánimemente por la comunidad internacional, las elecciones presidenciales de noviembre son actualmente legitimadas por Colombia y Perú, en sintonía con la posición de Estados Unidos. Los tres países abogan por la vuelta de una expulsada Honduras a la Organización de los Estados Americanos.
La legitimación de las presidenciales de noviembre de estos tres países resulta preocupante y contraria a los hechos, en tanto como se mencionó el gobierno de Lobo resulta en una continuidad del golpismo, con un Estado de derecho y una democracia realmente ausentes. No obstante, el golpe también ha dado como resultado una heroica resistencia por parte del pueblo hondureño, particularmente de los movimientos sociales de ese país tales como colectivos de mujeres en lucha, colectivos de educación popular y movimientos sindicales, muchos de ellos aglutinados en el Frente Nacional de Resistencia.
En mayo pasado el gobierno hondureño conformó una Comisión de la Verdad y la Reconciliación, con el objetivo de esclarecer el golpe de Estado de 2009. Esta Comisión ha sido fuertemente cuestionada por su ambigüedad, por su imparcialidad y por la exclusión de las víctimas del golpe. En respuesta los actores sociales en resistencia al golpe han conformado la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras, la cual instaló una Comisión de la Verdad alternativa a la creada por el gobierno de Lobo.
Estos actores sociales de la resistencia hondureña, están actualmente debatiendo la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente. Todo esto en clima inmerso de represión, pero también de resistencia, en la cual el propio pueblo hondureño está discutiendo hacia una nueva Constitución Nacional para el establecimiento de un nuevo gobierno democrático.
A un año del golpe de Estado en Honduras: entre la represión y la resistencia popular.
El Presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, fue secuestrado por las Fuerzas Armadas de ese país el 28 de junio de 2009. Los golpistas nombraron inmediatamente como nuevo Presidente provisional al jefe del Congreso Roberto Micheletti. Aquí cabe aclarar que, a través de una carta difundida ayer desde su exilio en República Dominicana, el ex presidente constitucional Zelaya afirmó que el golpe de Estado había sido “…planificado en la base militar de Palmerola, por el Comando Sur de los Estados Unidos, y ejecutado torpemente por los hondureños”.
En el mes de noviembre pasado, el golpismo convocó a elecciones presidenciales sin ningún tipo de acuerdo político. Estas tuvieron una abstención de entre el 65% y el 70% de la población, y consagraron como Presidente al empresario conservador Porfirio Lobo. La “institucionalidad” y el sesgo “democrático” del gobierno de Lobo son inexistentes: la Corte Suprema convalidó el golpe de Estado, así como también lo hizo el Congreso que actualmente está controlado por organizaciones empresariales; el Poder Ejecutivo está controlado por las Fuerzas Armadas, ya que el gabinete de Lobo está conformado por personas que ejecutaron el golpe; desde la asunción de Lobo ha habido alrededor de 310 casos de violaciones de derechos humanos, mas de 53 detenciones ilegales y más de 20 asesinatos[1].
Pasado un año del golpe de Estado, en el país centroamericano se han cometido todo tipo de violaciones a los derechos humanos, que van desde la censura hasta la persecución y asesinato de periodistas, sindicalistas, dirigentes campesinos, maestros, homosexuales, activistas sociales y opositores políticos. Por otro lado se ha puesto de relieve el fenómeno del “femicidio”, en tanto actualmente en Honduras una mujer es asesinada cada 48 horas. En este marco la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional han manifestado una profunda preocupación por lo que viene sucediendo en Honduras.
A su vez a 12 meses del golpe militar hubo un saqueo compulsivo de los fondos estatales, con lo cual Honduras se encuentra sin reservas y el endeudamiento estatal registró el período más acelerado de la historia del país, ascendiendo a alrededor de 3,647.8 millones de dólares[2].
Si bien al comienzo el golpe militar fue condenado casi unánimemente por la comunidad internacional, las elecciones presidenciales de noviembre son actualmente legitimadas por Colombia y Perú, en sintonía con la posición de Estados Unidos. Los tres países abogan por la vuelta de una expulsada Honduras a la Organización de los Estados Americanos.
La legitimación de las presidenciales de noviembre de estos tres países resulta preocupante y contraria a los hechos, en tanto como se mencionó el gobierno de Lobo resulta en una continuidad del golpismo, con un Estado de derecho y una democracia realmente ausentes. No obstante, el golpe también ha dado como resultado una heroica resistencia por parte del pueblo hondureño, particularmente de los movimientos sociales de ese país tales como colectivos de mujeres en lucha, colectivos de educación popular y movimientos sindicales, muchos de ellos aglutinados en el Frente Nacional de Resistencia.
En mayo pasado el gobierno hondureño conformó una Comisión de la Verdad y la Reconciliación, con el objetivo de esclarecer el golpe de Estado de 2009. Esta Comisión ha sido fuertemente cuestionada por su ambigüedad, por su imparcialidad y por la exclusión de las víctimas del golpe. En respuesta los actores sociales en resistencia al golpe han conformado la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras, la cual instaló una Comisión de la Verdad alternativa a la creada por el gobierno de Lobo.
Estos actores sociales de la resistencia hondureña, están actualmente debatiendo la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente. Todo esto en clima inmerso de represión, pero también de resistencia, en la cual el propio pueblo hondureño está discutiendo hacia una nueva Constitución Nacional para el establecimiento de un nuevo gobierno democrático.
Por Nicolas.
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